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VALÈNCIA. Vaersa da marcha atrás. La empresa pública dependiente de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha decidido paralizar una oferta de empleo de diez puestos de Auxiliar de Laboratorio ante las dudas surgidas sobre la legalidad del proceso. La firma actúa forzada por la denuncia del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, que sostiene que los requisitos exigidos a los aspirantes no corresponden con el perfil ofertado.

En concreto, el colectivo profesional alertó sobre el hecho de que para aspirar a las plazas convocadas baste con poseer el graduado escolar, mientras que la formación profesional de primer grado o equivalente se menciona en la oferta solo como un requisito complementario.

La empresa pública explicó a este periódico que, aunque en un primer momento existía convicción sobre la corrección de la convocatoria, ahora ha optado por la paralización del proceso para que la oferta sea revisada por el departamento jurídico.

En su queja a la empresa el Colegio aseguraba que en estos puestos se ejercen tareas de Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico y de Técnico Superior de Salud Ambiental, labores para las que se necesita formación superior.

«Tras observar el temario de la prueba técnica a superar se deduce fácilmente que para poder ejercer esas funciones se ha de estar en posesión de uno de los dos títulos, los cuales corresponden al nivel de Formación Profesional de Grado superior, en la rama sanitaria», señalaba a Valencia Plaza Juan Felipe Rodríguez Ballesta, presidente del ente colegial.

Desde Vaersa justifican esta formulación de las ofertas y aseguran que son puestos de trabajo que se encuentran definidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la empresa recientemente aprobada por la dirección general del Sector Público. Además, explicaron que el hecho de que se exija una prueba escrita es una garantía para los potenciales aspirantes a los puestos.

No obstante, a pesar de considerar la convocatoria correcta, reconocieron que prefieren revisar el proceso con los sindicatos y los servicios jurídicos.  «Si tenemos que dar marcha atrás, lo haremos», apuntaron, aunque insisten en que han salido ofertas similares en el último mes.

Vaersa, en la que trabajan cerca de 1.300 personas, es una de las firmas del sector público que más quebraderos de cabeza ha provocado al Consell en materia laboral. Su RPT ha sido una de las últimas en aprobarse tras meses de negociación en los que la Conselleria de Hacienda ha tumbado sucesivas propuestas de la dirección de la empresa por no ajustarse a la norma.

El punto más controvertido era la inclusión dentro de esa RPT de los puestos ocupados por el personal de encomiendas, tal y como exigían los sindicatos. Finalmente, la propuesta aprobada incluye solo al personal de estructura (servicios centrales y plantas), pero no al vinculado a las encomiendas, tal y como recomendó la Abogacía de la Generalitat.

El Colegio amenazó con una demanda penal

«Nuestras funciones profesionales tienen la consideración de reserva de Ley, por lo que ningún otro titulado o profesional las puede realizar, bajo ningún concepto», señala el presidente desde el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, quien asegura que para realizar esas funciones se debe estar colegiado obligatoriamente.

«La contratación de personal no cualificado ni habilitado legalmente para realizar dichas tareas de Laboratorio supone quebrantar el ordenamiento normativo al respecto y favorecer el intrusismo profesional de forma clara», apuntaba el presidente del colegio y amenazaba con una demanda penal en el caso de no realizar una corrección por favorecer el intrusismo profesional.